Nos quieren. Nos quieren callados, sumisos, dóciles, inertes. El Gobierno ha puesto un cartel de "no molestar", igual que un cliente en un hotel cuando se dispone a hacer algo sucio entre las cuatro paredes de su habitación. Ayer se llevó a cabo el último intento de degradar, aun más si cabe, la democracia española. No he tenido todavía la oportunidad de leer punto por punto la famosa "Ley mordaza", pero sí que he podido rescatar alguna perla. Parece ser que está prohibido manifestarse delante de las Cortes y las asambleas autonómicas aunque no estén reunidas, no sea que perturbemos la siesta de los cuatro gatos que deciden hacer acto de presencia o que, por nuestra culpa, la señora Celia Villalobos pierda vidas del Candy crush. Se permite, en cambio, que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado emitan sanciones sin necesidad de un juez. Yo siento un profundo respeto por la Policía y la Guardia Civil, pero todos sabemos que otorgar a una institución competencias que en principio no le corresponden, de tal manera que se incrementa su poder, favorece la tiranía y la corrupción. Por otra parte, queda prohibido grabar imágenes o sacar fotografías a los miembros de los Cuerpos de Seguridad. Esta sanción me parece un arma de doble filo, ya que impide identificar a los agentes que se extralimitan en el ejercicio de sus funciones, pero al mismo tiempo los protege tanto a ellos como a sus familias de posibles represalias. Están prohibidas también las sentadas pacíficas. Sí, repito: PACÍFICAS. Que alguien me lo explique porque mi cerebro aun sigue procesando esta última información. He de decir que se ha especulado mucho sobre esta ley. Por ejemplo, en ningún caso viene recogido (al menos no explícitamente) que se prohíba la manifestación de disconformidades con el poder a través de las redes sociales. Incluso me atrevo a decir, arriesgándome a ser lapidada por los más intransigentes, que estoy de acuerdo con algunos puntos de la ley, como suprimir la violencia en las manifestaciones o la persecución tanto del tráfico como del consumo de sustancias estupefacientes. Veo ilógico, por ejemplo, que en una huelga los sectores más radicales saboteen a sus propios compañeros y atenten contra su libre derecho a trabajar. Tampoco creo que se deban consentir actitudes violentas (ojo, no solo por parte de los agentes, sino también de muchos manifestantes) que no hacen más que perjudicar a aquellos que legítimamente defienden sus ideas de forma pacífica, al igual que no me parece de recibo el deterioro de lugares públicos como edificios, plazas o parques "justificado" por la reivindicación. Porque no nos engañemos, por muy antisistema que seamos, si vemos a un individuo incendiando un contenedor frente a nuestra vivienda o nuestro lugar de trabajo, lo más probable es que lo mandemos de una patada a prenderle fuego a su puta casa, hablando mal y pronto. Ni tanto ni tan calvo. En definitiva, estoy absolutamente en contra de las restricciones que vulneran nuestros derechos y libertades, así como los pilares fundamentales de la democracia y creo que la seguridad de los ciudadanos se puede garantizar sin recurrir a métodos dictatoriales más propios de la Venezuela chavista que de un estado occidental moderno. Nos han pedido silencio, pero no nos lo han pedido por favor.
